Tomado de Café Fuerte
Cuba reforzará control sobre presos en libertad condicional Cuba reforzará control sobre presos en libertad condicional
DetallesPublicado el Miércoles, 05 Diciembre 2012 10:00 Por Café Fuerte . inShare.0Powered by Agenzia Web
Prisioneros cubanos durante un concierto en el Combinado del Este en La Habana. Foto: Raquel Pérez
Por Wilfredo Cancio Isla
El gobierno de Raúl Castro reforzará el control y la atención sobre los ciudadanos que cumplen sanciones judiciales sin internamiento en centros penitenciarios, así como de aquellos que reciben beneficios de excarcelación como la libertad condicional y la licencia extrapenal.
La nueva medida modifica una instrucción del Tribunal Supremo Popular (TSP) de octubre del 2010, y establece un proceso para regular el trabajo correccional y el comportamiento social de los sancionados, con la participación conjunta de representantes de organismos gubernamentales y las llamadas organizaciones de masas.
Obviamente, la iniciativa abarca a sancionados por motivos políticos que han recibido licencias extrapenales o cumplen sanciones correctivas fuera de prisión.
También se incluyen a personas sujetas a “medidas de seguridad predelictiva”, quienes deben vincularse a un colectivo de trabajo y estarán bajo supervisión de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Bajo control e influencia
La decisión busca atemperar el trabajo de todas las entidades involucradas en las acciones de “control, influencia y atención” hacia las personas sancionadas que cumplen en libertad "en consonancia con los nuevos escenarios que emergen” en el país, indica el documento publicado por la Gaceta Oficial.
La salida de la instrucción modificada parece augurar una válvula de escape para el sistema penitenciario cubano, congestionado por una alta población penal.
El pasado mayo el gobierno cubano reveló por primera vez la cifra de su población penal: 57,337 prisioneros. El reporte indicó que de ellos 27,095reciben instrucción escolar en todos los niveles de enseñanza y 24,531 están integrados a programas de capacitación de oficios a pie de obra o en cursos especializados.
Agrupaciones de derechos humanas calculan entre 70,000 y 80,000 los sancionados que cumplen sus sentencias en unas 200 instituciones penitenciarias de la isla.
“Estas soluciones al problema del exceso de población penal tiene que ver con un cambio de imagen del sistema penal de cara al mundo, pero crea un nuevo embrollo burocrático para ejercer el control sobre los ciudadanos que van a ser beneficiados”, dijo un abogado de Bufetes Colectivos que pidió no ser identificado.
En efecto, cada tribunal municipal se designará a uno o varios jueces profesionales cuya labor será coordinar y controlar el cumplimiento de las sanciones subsidiarias de la privación de libertad, indica el texto de seis páginas.
Apto para el trabajo
Estos jueces de ejecución, que podrán auxiliarse de asistentes judiciales, presidirán la comparecencia inicial de la persona para instruirla sobre su beneficio de excarcelación condicionada, los deberes correspondientes y las consecuencias de incumplirlos.
“En el acto de la notificación se apercibirá al sancionado o asegurado apto para el trabajo, su deber de gestionarse empleo, el que en todo caso deberá someter a la aprobación del juez de ejecución y del representante de la Dirección Municipal de Trabajo”, explica la instrucción judicial.
Seguidamente el juez acude al lugar de residencia de aquella persona para presentarla como “controlada” y enseguida entrarán en acción los órganos locales del Ministerio del Interior y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Central de Trabajadores de Cuba. Según el caso pueden intervenir también la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
“Siempre que las características del sancionado o asegurado u otras circunstancias lo aconsejen, también se realizará la presentación de aquel en su lugar de trabajo”, añade el documento.
Prioridades del territorio
Puede aprobarse cualquier forma legal de empleo, excepto aquellas que se contrapongan a las limitaciones o prohibiciones relacionadas con el sancionado, y los jueces de ejecución tomarán en cuenta “las prioridades del territorio”.
Los asistentes judiciales serán personas emplantilladas en los tribunales municipales para llevar adelante los trámites necesarios, desde la documentación de cada caso y las coordinaciones de trabajo con las instituciones del sistema de control, hasta la verificación de la conducta de los “controlados” en su vecindario y/o centro laboral.
Otras disposiciones de la nueva instrucción son:
La medida de seguridad de vigilancia por la PNR se iniciará desde el momento en que el sancionado efectúe su comparecencia ante el juez de ejecución.
Los funcionarios designados para el control del sancionado deberán hacerle todas las preguntas necesarias para conocer rasgos de personalidad, condiciones de su entorno social y familiar, y las expectativas y preocupaciones que puedan incidir en el cumplimiento del régimen de vigilancia.
El incumplimiento de los deberes o del control de vigilancia del sancionado pueden significar la revocación del beneficio y la disposición de cumplir la sanción en régimen carcelario.
Al producirse una violación de los términos del beneficio, los tribunales podrán ordenar en cualquier momento la detención cautelar del sancionado hasta tanto se decidida su caso.
Se reforzará el control sobre aquellas personas que cometieron delitos graves como tráfico de drogas, corrupción administrativa, explotación y estímulo de la prostitución e indisciplinas sociales.
En diciembre del pasado año, Castro anunció ante el Parlamento cubano el indulto de 2,900 presos, en su mayoría enfermos, ancianos, mujeres y jóvenes que -sin haber cumplido sus penas- fueron considerados aptos para la reinserción social.
Castro dijo que a partir de ese momento el sistema judicial realizará análisis anuales para liberar miles de presos que puedan recibir indulto o salir en libertad condicional. No se descarta que se anuncien nuevas excarcelaciones, luego de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el próximo 13 de diciembre.
Los cambios en la instrucción para beneficio de sancionados se producen luego de que el Tribunal Supremo Popular realizara un taller nacional sobre la adopción de proyecciones sobre el sistema penal cubano y la posibilidad de reducir las sanciones con internamiento carcelario.
Cuba reforzará control sobre presos en libertad condicional Cuba reforzará control sobre presos en libertad condicional
DetallesPublicado el Miércoles, 05 Diciembre 2012 10:00 Por Café Fuerte . inShare.0Powered by Agenzia Web
Prisioneros cubanos durante un concierto en el Combinado del Este en La Habana. Foto: Raquel Pérez
Por Wilfredo Cancio Isla
El gobierno de Raúl Castro reforzará el control y la atención sobre los ciudadanos que cumplen sanciones judiciales sin internamiento en centros penitenciarios, así como de aquellos que reciben beneficios de excarcelación como la libertad condicional y la licencia extrapenal.
La nueva medida modifica una instrucción del Tribunal Supremo Popular (TSP) de octubre del 2010, y establece un proceso para regular el trabajo correccional y el comportamiento social de los sancionados, con la participación conjunta de representantes de organismos gubernamentales y las llamadas organizaciones de masas.
Obviamente, la iniciativa abarca a sancionados por motivos políticos que han recibido licencias extrapenales o cumplen sanciones correctivas fuera de prisión.
También se incluyen a personas sujetas a “medidas de seguridad predelictiva”, quienes deben vincularse a un colectivo de trabajo y estarán bajo supervisión de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Bajo control e influencia
La decisión busca atemperar el trabajo de todas las entidades involucradas en las acciones de “control, influencia y atención” hacia las personas sancionadas que cumplen en libertad "en consonancia con los nuevos escenarios que emergen” en el país, indica el documento publicado por la Gaceta Oficial.
La salida de la instrucción modificada parece augurar una válvula de escape para el sistema penitenciario cubano, congestionado por una alta población penal.
El pasado mayo el gobierno cubano reveló por primera vez la cifra de su población penal: 57,337 prisioneros. El reporte indicó que de ellos 27,095reciben instrucción escolar en todos los niveles de enseñanza y 24,531 están integrados a programas de capacitación de oficios a pie de obra o en cursos especializados.
Agrupaciones de derechos humanas calculan entre 70,000 y 80,000 los sancionados que cumplen sus sentencias en unas 200 instituciones penitenciarias de la isla.
“Estas soluciones al problema del exceso de población penal tiene que ver con un cambio de imagen del sistema penal de cara al mundo, pero crea un nuevo embrollo burocrático para ejercer el control sobre los ciudadanos que van a ser beneficiados”, dijo un abogado de Bufetes Colectivos que pidió no ser identificado.
En efecto, cada tribunal municipal se designará a uno o varios jueces profesionales cuya labor será coordinar y controlar el cumplimiento de las sanciones subsidiarias de la privación de libertad, indica el texto de seis páginas.
Apto para el trabajo
Estos jueces de ejecución, que podrán auxiliarse de asistentes judiciales, presidirán la comparecencia inicial de la persona para instruirla sobre su beneficio de excarcelación condicionada, los deberes correspondientes y las consecuencias de incumplirlos.
“En el acto de la notificación se apercibirá al sancionado o asegurado apto para el trabajo, su deber de gestionarse empleo, el que en todo caso deberá someter a la aprobación del juez de ejecución y del representante de la Dirección Municipal de Trabajo”, explica la instrucción judicial.
Seguidamente el juez acude al lugar de residencia de aquella persona para presentarla como “controlada” y enseguida entrarán en acción los órganos locales del Ministerio del Interior y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Central de Trabajadores de Cuba. Según el caso pueden intervenir también la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
“Siempre que las características del sancionado o asegurado u otras circunstancias lo aconsejen, también se realizará la presentación de aquel en su lugar de trabajo”, añade el documento.
Prioridades del territorio
Puede aprobarse cualquier forma legal de empleo, excepto aquellas que se contrapongan a las limitaciones o prohibiciones relacionadas con el sancionado, y los jueces de ejecución tomarán en cuenta “las prioridades del territorio”.
Los asistentes judiciales serán personas emplantilladas en los tribunales municipales para llevar adelante los trámites necesarios, desde la documentación de cada caso y las coordinaciones de trabajo con las instituciones del sistema de control, hasta la verificación de la conducta de los “controlados” en su vecindario y/o centro laboral.
Otras disposiciones de la nueva instrucción son:
La medida de seguridad de vigilancia por la PNR se iniciará desde el momento en que el sancionado efectúe su comparecencia ante el juez de ejecución.
Los funcionarios designados para el control del sancionado deberán hacerle todas las preguntas necesarias para conocer rasgos de personalidad, condiciones de su entorno social y familiar, y las expectativas y preocupaciones que puedan incidir en el cumplimiento del régimen de vigilancia.
El incumplimiento de los deberes o del control de vigilancia del sancionado pueden significar la revocación del beneficio y la disposición de cumplir la sanción en régimen carcelario.
Al producirse una violación de los términos del beneficio, los tribunales podrán ordenar en cualquier momento la detención cautelar del sancionado hasta tanto se decidida su caso.
Se reforzará el control sobre aquellas personas que cometieron delitos graves como tráfico de drogas, corrupción administrativa, explotación y estímulo de la prostitución e indisciplinas sociales.
En diciembre del pasado año, Castro anunció ante el Parlamento cubano el indulto de 2,900 presos, en su mayoría enfermos, ancianos, mujeres y jóvenes que -sin haber cumplido sus penas- fueron considerados aptos para la reinserción social.
Castro dijo que a partir de ese momento el sistema judicial realizará análisis anuales para liberar miles de presos que puedan recibir indulto o salir en libertad condicional. No se descarta que se anuncien nuevas excarcelaciones, luego de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el próximo 13 de diciembre.
Los cambios en la instrucción para beneficio de sancionados se producen luego de que el Tribunal Supremo Popular realizara un taller nacional sobre la adopción de proyecciones sobre el sistema penal cubano y la posibilidad de reducir las sanciones con internamiento carcelario.
