Informe: Niñas cubanas sin protección legal por relaciones sexuales
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- Publicado el Lunes, 15 Julio 2013 05:12
- Por Café Fuerte
Las abogadas Yaremis Flores y Lartiza Diversent durante la presentación de su informe sobre la situación de la mujer en Cuba, el 8 de julio, en Ginebra.
Las niñas cubanas de entre 14 y 18 años están desprotegidas por la legislación cubana, que no criminaliza la tenencia de relaciones sexuales con menores de edad, denunció un informe independiente ante Naciones Unidas.
El informe, presentado por la organización legal independiente Cubalex, hizo énfasis en la situación de vulnerabilidad para las mujeres que se han casado siendo aún menores de edad. En el 2009, 2,744 jovencitas de entre 14 y 18 años contrajeron matrimonios con hombres de entre 19 y 69 años.
Se desconoce la cantidad de uniones no legales de ese tipo.
"La ley penal no ha criminalizado la tenencia de relaciones sexuales con menores de edad ni es lo suficientemente clara y enérgica en reprimir las relaciones sexuales con mujeres solteras mayores de 12 años y menores de 16. Las niñas que sobrepasan esta edad hasta los 18 años, no encuentran protección penal efectiva en la legislación ni en la práctica, principalmente porque ya han adquirido responsabilidad penal y son tratadas como mujeres adultas", señala el documento, presentado por las abogadas Laritza Diversent y Yaremis Flores.
Triple discriminación histórica
Diversent y Flores asistieron a Ginebra para presentar el informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el pasado 8 de julio en Ginebra.
"Ni el Estado ni los medios de comunicación han adoptado políticas para concientizar acerca de los riesgos para la salud que implica para los menores de edad, especialmente las niñas, casarse y tener hijos", agrega el texto. "Porque se entorpece su educación, y como resultado, se restringe su autonomía económica, se limita el desarrollo de sus aptitudes e independencia y reduce las oportunidades de estudio, superación y empleo, lo cual perjudica a su familia y la sociedad".
Las abogadas dijeron que situación de las mujeres cubanas afrodescendientes es crítica, y sólo el el 30 por ciento de ellas está económicamente activa.
"Han sufrido una triple discriminación histórica, en base a su sexo, pobreza extrema y a su raza, y que en el plano interno no se tienen en cuenta, a la hora de adoptar políticas estatales", indicó el informe. "Las mujeres afrodescendientes por lo general están marginalizadas en barrios periféricos de las ciudades y/o de alta criminalidad y pobreza, conocidos popularmente como barrios de negros".
Las abogadas incluyeron una larga lista de recomendaciones a CEDAW para que las trasmita al gobierno cubano, entre ellas que destine los recursos humanos y financieros que permitan no sólo combatir los prejuicios y estereotipos raciales, sino también mejorar las condiciones de vida de las personas afrodescendientes.
Estrategia oficialista
Diversent y Flores presentaron el informe en una sesión compartida con miembros de la delegación oficialista cubana. A su regreso a La Habana, Diversent relató las numerosas presiones que ambas enfrentaron en el foro.
"La estrategia de estas ONGs oficialistas, tanto en el encuentro privado como en la reunión del Comité con las ONGs de los países que serían examinados, era consumir el tiempo que correspondía al país, para impedirnos hablar. (...), escribió la abogada. "No fueron capaces de responder preguntas directas del Comité sobre la prostitución, uniones de hecho o no formalizadas, y si la mujer, como víctima de violencia, podía contar con un abogado defensor. Crearon confusiones y consumieron el tiempo en discursos políticos, impidiéndonos aclararle al Comité las dudas al respecto".
El Comité requirió en varias ocasiones a la delegación oficialista por dedicarse a atacar a las abogadas de Cubalex, señaló Diversent.
A continuación un resumen con los aspectos más significativos del informe:
- No existen leyes donde se haga una definición explícita de la discriminación de la mujer.
- Denuncia de la discriminación de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, incluyendo las detenciones cuando se besan en público. Cubalex indicó además que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización de masas representativa exclusivamente de las mujeres, nunca se ha pronunciado contra la discriminación que sufre la mujer LGBT. En los empleos, la mujer de la comunidad LGBT suele ser marginada "en plazas de bajos salarios o que requieran mayor esfuerzo físico, basándose en su orientación sexual".
- El Código Penal cubano no define la violencia doméstica y/o de género ni es agravante en los delitos como asesinato, amenazas, coacción, lesiones y otros, cuando la víctima es una mujer. Cuando las mujeres denuncian agresiones de sus parejas, los propios agentes policiales intentan disuadirlas o le imponen multa administrativa tanto a la víctimas como al agresor. Por otra parte en el país no existe la orden de restricción o alejamiento, o medidas cautelares para la protección para las mujeres víctimas de violencia. Tampoco existen centros especializados para proteger y refugiar a las mujeres víctimas de violencia.
- Denuncia de la brutalidad de los agentes policiales y de la seguridad del estado contra las mujeres opositoras,incluidas las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, establecidas en los centros laborales. En las cárceles "los agentes utilizan la violencia, la ofensa y el agravio sexual como medio de represión. Las encierran en calabozos sin condiciones higiénicas, y en ocasiones los servicios sanitarios no tienen privacidad ni son apropiados para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con hombres. Se ha reportado la denuncia de que le han introducido [a una reclusa] un bolígrafo en la vagina, bajo la justificación de que buscan objetos de grabación.
Desalojo de mujeres negras
Además denuncia numerosos abusos contra Garro, incluido la negativa de prestarle atención médica. Menciona varios casos de mujeres negras afectadas por desalojos de sus viviendas, como el caso de Madelaine Lázara Caraballo Betancourt, mujer disidente, afrodescendiente y portadora de VIH, quien fue golpeada por agentes policiales por resistirse a un desalojo y vive en condiciones precarias sin recibir ayuda del estado.
Las abogadas cubanas expresaron preocupación por la reforma del Código Penal, implementada el pasado junio, la cual otorga a los policías la autoridad de decidir entre imponer una multa o llevar el caso ante el tribunal. La víctima no es parte del proceso penal y no puede apelar la decisión.
En los casos de desalojo o demolición -indica el documento- el Estado cubano no tiene la obligación de reubicar a los afectados, que en muchos casos incluyen menores, ni les ofrece recursos judiciales para enfrentar esa medida.
Prostitución y aborto
Otros temas planteados en el reporte -de nueve páginas- son los siguientes:
Prostitución: las leyes no prohíben la demanda de la prostitución ni existen "campañas de concientización al respecto por parte de los medios de comunicación a pesar de ser un fenómeno visible y tolerado desde el punto de vista social".
Aborto: Aunque el aborto es legal, se ha abusado de su uso y se emplea como método anticonceptivo. No se tienen datos estadísticos acerca de las mujeres que han visto afectados sus derechos reproductivos por mala praxis o negligencia médica y las condiciones higiénicas sanitarias en los centros de salud.
Migración interna: El decreto 217 para regular la migración interna en Cuba afecta sobre todo a las mujeres que pretenden residir en la capital cubana, pues la migración es mayoritariamente femenina. Además, coloca a las mujeres en desventaja legal en lo casos en que han tenido hijos sin formalizar la unión, pues el recién nacido es inscrito donde la madre tiene residencia legal y no donde reside. En casos de separación la casa no considerada parte de los bienes en común, generando situaciones de desalojo y desprotección para la mujer y sus hijos.
Manutención de menores: No existe una estructura para detectar los casos de menores sin amparo legal, ni se supervisa a los padres que no suministran pensión alimenticia. Cuando una madre presenta una demanda reclamando este derecho para su hijo, sólo es retroactiva por tres meses.
