Ferry similar al secuestrado en La Bahía de La Habana, en 2003
LA HABANA, Cuba.- El 12 de abril de 2003, medios de todo el mundo daban la noticia del fusilamiento de tres jóvenes cubanos por su participación en el secuestro de la “lancha de Regla” Baraguá. Intentaban huir del país y llegar a los Estados Unidos.
Periódicos de izquierda, simpatizantes del régimen cubano, pretendiendo justificar el hecho, escribían: “el gobierno ha querido cortar de cuajo el rosario de secuestros de aviones y embarcaciones”. Admitían que se trataba de un castigo ejemplarizante, lo cual significaba que ninguno de los acusados tuvo derecho a un proceso justo.
Algunos iban más lejos. Heinz Dieterich Steffan (quién después se convirtió en el ideólogo del “Socialismo del siglo XXI”), en su página de internet expresaba cómo el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, estaría enviando un mensaje a la Casa Blanca: “Ustedes han declarado la guerra y sus primeros soldados han caído”. Y más adelante agregaba: “Ojalá que sepan descifrar el trágico mensaje de los fusilamientos, para que no haya más derramamiento de sangre”.
Poco más de una semana había transcurrido entre los fusilamientos y el día en que el grupo de 11 jóvenes armados de una pistola y un cuchillo había desviado el ferry unas 30 millas de la costa.
¿Cómo ocurrió todo?
Los secuestradores, al abordar la lancha, efectuaron un disparo al aire y seguidamente se escuchó el grito: “¡Esto se jodió. Nos vamos para el yuma!”. A 30 millas se acabó el combustible y la embarcación quedó a la deriva. El mar estaba muy picado, por lo que en un acto de trágica ingenuidad accedieron a ser remolcados hasta el puerto de Mariel con la promesa de que allí las autoridades les darían combustible.
No ataron a nadie (como- según familiares de los sancionados- dijeron la fiscalía y al Órgano de Instrucción). Si así hubiera sido, ¿cómo se explica que al llegar a Mariel, a una señal de los agentes de seguridad, algunos pasajeros se lanzaran al agua? Enrique Copello Castillo, quien trató de impedir que una de las extranjeras a bordo escapara, tenía el arma. Pero no la usó ni siquiera cuando la situación se fue de su control. Lo que demuestra que no era un criminal, y sí un joven desesperado por llegar a los Estados Unidos en busca de libertad y oportunidades de desarrollo individual.
Fusilados Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodan SevillaGarcía y Jorge Luis Martínez
El 8 de abril de 2003, después de un juicio sumarísimo, fue dictada la sentencia: Enrique Copello Castillo, Bárbaro L. Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, fueron condenados a muerte. Los restantes implicados en el intento de secuestrar la lancha fueron condenados a: prisión perpetua para Harold Alcalá Aramburo, Maykel Delgado Aramburo, Ramón Henry Grillo y Yoanny Thomas González; 30 años para Wilmer Ledea Pérez; y entre 5 y 2 años para las mujeres que viajaban con ellos.
En el mes de marzo de ese mismo año, el gobierno había encarcelado a 75 activistas de derechos humanos, periodistas independientes y opositores políticos. Éstos estaban en “Villa Maristas” cuando los secuestradores fueron conducidos a la aterradora sede de la policía política cubana. Ricardo González Alfonso, periodista independiente y uno de los 75,
ha dejado un testimonio perturbador de las últimas horas de Enrique Copello Castillo, con quien compartió la celda.
El mismo día del juicio, un capitán de la Seguridad del Estado lo llevó a una oficina, para explicarles que aunque a Copello Castillo le pedían la pena capital, existía la posibilidad de que no lo fusilaran. Con esto le solicitó su cooperación para preservar la vida del condenado a muerte, en el caso de que intentara suicidarse. A la luz de lo ocurrido el 11 de abril, en que fueron llevados al paredón de fusilamiento sin avisar a sus familiares, se puede interpretar que aquel capitán era el encargado del “abastecimiento”: no podía suceder que las víctimas propiciatorias no asistieran a su propio sacrificio. ¿Cómo dar un escarmiento si Copello Castillo no hubiera asistido a su propio fusilamiento?
Zona de peligro
En la calle San Francisco entre Jesús Peregrino y Salud, en La Habana, está el edificio donde vivía Bárbaro L. Sevilla García con su madre, Rosa María. Algunos vecinos recuerdan por lo bajo lo que ocurrió el 11 de abril de 2003. La calle se llenó de carros con placa militar desde las 6:00 am; se formó un cerco policial. Unas mujeres del Ministerio del Interior tocaron a la puerta de Rosa María para decirle que su hijo de 22 años había sido fusilado durante la madrugada. La mujer empezó a gritar y salió a la calle desnuda. -Gritaba de todo: “¡Abajo Fidel!” y “Asesinos”. Después la obligaron a irse del país-, dicen los vecinos, que no quisieron dar sus nombres por razones de seguridad.
Al poco tiempo empezaron a mudarse policías al edificio de la esquina, en la calle Salud. Todavía hoy la zona es considerada “de peligro”. Los vecinos también advierten a esta reportera de que no tome fotos del balcón medio derruido donde vivieron la madre y su hijo, porque el edificio pintado de verde, en la esquina de Jesús Peregrino, es del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones), una dependencia del Ministerio del Interior.
Harold Alcalá Aramburu y Maikel Delgado Aramburu junto a su abuela de 90 años – Foto de Lilianne Ruiz
No usaron explosivos, pero la figura delictiva se utilizó en el tribunal
¿Por qué tanta severidad y celeridad en la ejecución del castigo si no hubo que lamentar heridos ni la pérdida de vidas humanas durante el secuestro? El abogado Edilio Hernández Herrera, de la Asociación Jurídica Cubana (AJC, independiente), ha elaborado un dictamen basado en leyes que revela cuánto se quebrantó la legalidad en la Causa 17 de 2003.
Lo encausados fueron juzgados por el delito de Actos de Terrorismo. La ley No. 93 “Contra actos de terrorismo” fue publicada el 24 de diciembre de 2001 en la Gaceta Oficial.
Según el dictamen de Hernández Herrera, los artículos de dicha ley que tipifican el delito cometido serían el 14.1 y 16.1ª, referidos a la toma de rehenes y a actos contra la seguridad de la navegación marítima. Pero el tribunal condenó a los muchachos por hechos que ciertamente no ocurrieron. Como el otro delito imputado, de los artículos 10 y 11-c, referidos a “actos cometidos con artefactos explosivos, agentes químicos, biológicos u otras sustancias”. Con ello se pretendió justificar las penas de muerte y las cadenas perpetuas.
Martha Beatriz Roque Cabello, economista y periodista independiente, prisionera política de la Causa de los 75, compartió celda en “Villa Maristas” con Dania Rojas Góngora, de 17 años, que iba en la lancha. Era la novia de Jorge Luis Martínez Isaac, fusilado. La muchacha le contó cómo otra de las madres se enteró de que habían fusilado a su hijo el día en que fue a llevarle artículos de aseo. La última vez que Dania vio a su novio con vida, uno de los guardias dijo con sarcasmo: “Planifiquen ahora cuántos hijos van a tener.”
Roque Cabello no duda al señalar:
-El dictador Fidel Castro quería sangre. Estaba furioso también porque en medio de todo eso estaba el fracaso que le constituyó llevar a 75 opositores políticos a prisión. Lo que le ganó el repudio mundial. Esa fue su decisión: que se fusilara y se condenara a cadena perpetua a estos jóvenes. Por eso, los que ahora continúan en cadena perpetua son presos de Fidel Castro.
Tomado de CUBANET.
